Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, está considerando adelantar las elecciones generales después de que los decretos de vivienda fueran rechazados en el Congreso de los Diputados. La derrota de estas medidas, equiparable al fracaso de unos presupuestos, ha cambiado el calendario político, que hasta ahora apuntaba a elecciones en el primer trimestre de 2027. Aunque inicialmente se esperaba que los presupuestos generales del Estado fueran la base para convocar elecciones en 2027, el resultado en Ceuta y la caída de los decretos de vivienda han alterado esta previsión. El PSOE ve en esta situación una oportunidad para convocar elecciones antes de que casos de corrupción, la crisis energética y la falta de apoyo parlamentario compliquen aún más la situación. Sánchez advirtió al PP y a Junts que “la historia les juzgará” si tumbaban los decretos, pero finalmente no logró su apoyo. En Moncloa se evalúa ahora el “sentir popular” para tomar una decisión definitiva, con una reunión de la ejecutiva del PSOE programada para el próximo lunes. La posibilidad de un adelanto electoral se debate en el núcleo duro del gobierno, mientras que el Sindicato de Inquilinas ya ha anunciado movilizaciones en protesta por el rechazo de los decretos. Algunos sectores del PSOE creen que Sánchez podría aprovechar la situación para convocar elecciones en un momento favorable, mientras que otros temen que el regreso de Carles Puigdemont a Cataluña, facilitado por la ley de amnistía, pueda complicar aún más el panorama político. La situación se complica aún más por la imprevisibilidad de Junts y el auge de Aliança Catalana, lo que podría debilitar aún más su posición. El gobierno defiende que aún puede gobernar a pesar de no contar con una mayoría parlamentaria, pero la oposición acusa a Sánchez de engañar a la ciudadanía.
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