La Fiscal General del Estado, Teresa Peramato, defendió la independencia del Ministerio Público frente a las críticas recibidas, incluyendo las relacionadas con la condena de su predecesor, Álvaro García Ortiz. En su discurso inaugural del Año Judicial, Peramato argumentó que la transparencia y la crítica legítima no deben confundirse con la descalificación sistemática de la institución. Subrayó que las decisiones de los fiscales se rigen por la legalidad y la imparcialidad, estando sujetas al criterio de los tribunales. Paralelamente, la presidenta del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, advirtió sobre la presión que supone la descalificación personal de los jueces por parte de responsables institucionales, especialmente tras la decisión del Supremo de frenar el derecho al voto de descendientes de españoles represaliados durante el franquismo, una decisión que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, criticó abiertamente.
La Fiscalía también alertó sobre la "posición extremadamente restrictiva" de Marruecos en la repatriación de sus ciudadanos, señalando la "entrada masiva" a Ceuta con las autoridades "distraídas", según informes desclasificados. Peramato abordó brevemente la corrupción, destacando que erosiona la confianza en las instituciones y exige el máximo rigor e independencia en su investigación, especialmente cuando afecta a autoridades públicas. Perelló, por su parte, instó a los jueces a la mesura en sus intervenciones públicas, aunque evitó autocrítica ante las encuestas que revelan que seis de cada diez españoles creen que los jueces se dejan influir por su ideología política. La situación plantea la cuestión de cómo equilibrar la transparencia y la crítica legítima con la protección de la independencia judicial y la confianza pública en las instituciones.
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