El Parlamento Europeo ha condenado la reciente oleada de inmigración irregular a Ceuta y responsabilizado al gobierno de Pedro Sánchez por la situación, vinculándola a su política de regularización masiva. La resolución, aprobada con 339 votos a favor, 225 en contra y 16 abstenciones, también lanza una advertencia a Marruecos por su papel en la crisis y cuestiona su postura sobre la soberanía española en la ciudad autónoma. La Eurocámara amenaza con suspender el acuerdo de asociación con Rabat, que proporciona fondos multimillonarios a cambio de la protección de la frontera.
La resolución, impulsada por el Partido Popular Europeo (PPE), recibió el apoyo de los grupos de derechas y de una parte de los liberales. Los socialistas europeos y la izquierda votaron en contra, defendiendo los mecanismos de cooperación existentes entre España y Marruecos. A diferencia de una resolución similar en 2021, los grupos políticos de la 'gran coalición' en Estrasburgo no lograron llegar a un acuerdo conjunto.
El Parlamento Europeo condena los cruces ilegales masivos a Ceuta desde Marruecos, tanto por tierra como por mar, calificándolos de instrumentalización de la migración irregular como herramienta de guerra híbrida contra la integridad territorial de un Estado miembro. Insta a las autoridades marroquíes a asumir sus responsabilidades como socio clave de la UE y a cumplir sus compromisos en materia de gestión de fronteras y cooperación migratoria, enfatizando que cualquier declaración que ponga en tela de juicio la soberanía española es inaceptable e incompatible con las obligaciones de un país socio.
Las fuentes difieren en la atribución de responsabilidad. Mientras que la Eurocámara responsabiliza a Sánchez por la regularización masiva y su efecto llamada, los grupos socialistas europeos elogiaron los mecanismos de cooperación existentes entre España y Marruecos. Esta divergencia refleja una división política más amplia sobre cómo abordar la crisis migratoria y las relaciones con Marruecos. El futuro de la cooperación migratoria entre la UE y Marruecos, y la posible suspensión del acuerdo de asociación, sigue siendo incierto.
Our reading is that the European Parliament is expressing significant disapproval of both the Spanish government’s immigration policy and the actions of Morocco. The resolution appears to be a direct response to a recent increase in irregular immigration to Ceuta, framing it as a deliberate act by Morocco to challenge Spanish territorial integrity. The internal divisions within the European Parliament, particularly between the PPE and the socialist groups, suggest a broader disagreement on how to manage migration and engage with Morocco, potentially hindering a unified approach.
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