La Abogacía del Estado solicita levantar la suspensión del voto para nacionalizados bajo la ‘ley de nietos’ ante las elecciones del 29-N

La Abogacía del Estado ha solicitado al Tribunal Supremo que revoque la suspensión cautelar del derecho al voto para miles de personas nacionalizadas a través de la conocida como ‘ley de nietos’, argumentando que es “materialmente imposible” revisar todos los expedientes antes de las elecciones generales del 29 de noviembre. Esta solicitud se produce en el marco de los recursos presentados por Iustitia Europa y Vox contra los efectos electorales de la ley, que permite la nacionalidad a descendientes del exilio. La Abogacía del Estado estima que la medida afecta a 168.896 electores, mientras que El País cifra la cifra en 163.020, y argumenta que la privación del derecho al sufragio es desproporcionada, especialmente considerando que la participación de estos votantes es estadísticamente baja, estimada en 14.120 personas. Además, señalan que la ley electoral establece plazos que imposibilitan la revisión completa de los expedientes y la posterior restitución del derecho de voto a quienes cumplan los requisitos.

El Tribunal Supremo suspendió cautelarmente el voto el 8 de septiembre, requiriendo a las partes que informaran sobre la posible necesidad de citar a los nacionalizados afectados. La Abogacía del Estado argumenta que la medida cautelar implica una privación absoluta del derecho de sufragio sin permitir a los afectados justificar su condición de exiliados en la revisión de su solicitud. Consideran que el riesgo de sacrificar un derecho fundamental supera el posible impacto en los resultados electorales. La Abogacía del Estado también señala que un informe previo consideraba el 1 de enero de 2027 como un plazo razonable para certificar la situación de todos los afectados, un plazo que el calendario electoral actual hace inviable.

En qué difieren

• El País enfatiza el argumento de la Abogacía del Estado sobre el impacto estadísticamente insignificante del voto de los nacionalizados, mientras que Libertad Digital se centra en la imposibilidad logística de revisar los expedientes a tiempo.
• Libertad Digital proporciona la cifra de 168.896 electores afectados, mientras que El País cita 163.020, mostrando una ligera discrepancia en los datos.
• El País destaca que la Abogacía del Estado considera que la medida cautelar no permite a los afectados justificar su condición de exiliados, un punto que Libertad Digital menciona de manera más breve.

Lo que aún no se sabe

• No se especifica si el Tribunal Supremo tomará en cuenta la solicitud de la Abogacía del Estado y levantará la suspensión del voto.
• No se detalla el número exacto de expedientes que requieren revisión para determinar si cumplen con los requisitos establecidos por el tribunal.

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