El gobierno italiano, liderado por Giorgia Meloni, ha aprobado un decreto ley que extiende la detención preventiva a menores de edad y establece el delito de “participación violenta en manifestaciones” tras los recientes disturbios en Milán. La medida, que entrará en vigor de inmediato, permitirá a las fuerzas del orden detener a menores de 18 años en comisarías por un máximo de 12 horas si se considera que representan un peligro. Además, se crea un nuevo delito que contempla penas de hasta cinco años de prisión y multas de hasta 20.000 euros para quienes participen en acciones violentas en grupo.
El decreto también autoriza el despliegue de 500 militares adicionales en Milán hasta el 31 de diciembre para reforzar la seguridad pública, sumándose a los 5.000 efectivos ya desplegados en el marco del programa “Calles Seguras”. Meloni calificó las escenas de los disturbios como “inaceptables”, señalando que cerca de 200 agentes resultaron heridos y los daños materiales en Milán ascienden a cerca de un millón de euros. Según datos oficiales, 330 personas fueron detenidas o identificadas, de las cuales la mitad son de origen extranjero.
El gobierno también planeaba otorgar poderes policiales al ejército desplegado en Milán, pero el presidente de la República frenó este plan. El decreto ley deberá ser ratificado por el Parlamento italiano en un plazo de 60 días. Meloni anunció que se proporcionarán más magistrados y plazas en los centros de menores para garantizar que la pena sea efectiva también para los jóvenes de 16 años. El principio de que “quien rompe paga” se introduce como parte de la legislación, implicando que los responsables de daños deberán asumir los costos.
Nuestra lectura es que el gobierno italiano está respondiendo a disturbios recientes en Milán con un endurecimiento significativo de las medidas de seguridad y un enfoque en la responsabilidad individual por los daños. Parece que buscan tanto una respuesta inmediata a la violencia como un cambio legislativo a largo plazo, aunque este último está sujeto a la aprobación parlamentaria. La inclusión de menores en las medidas de detención preventiva y la creación de un nuevo delito sugieren una intención de disuadir futuras protestas violentas.
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