El Gobierno español aprobará este jueves un Real Decreto-Ley que establece la prórroga obligatoria de los contratos de alquiler y una indemnización de hasta 12 mensualidades para los inquilinos si el propietario decide no renovar el contrato. La medida, acordada entre el PSOE y Sumar, se aplica a contratos de vivienda con una duración mínima de cinco años para particulares y siete para personas jurídicas. Si ninguna de las partes comunica su intención de no renovar con al menos seis meses de antelación (dos meses para el inquilino), el contrato se prorrogará automáticamente por plazos sucesivos de cinco años (siete si el arrendador es una persona jurídica).
El decreto ley obliga al propietario a indemnizar al inquilino con el equivalente a al menos 12 mensualidades de renta de una vivienda similar, calculada según el sistema de referencia estatal, o el importe equivalente a una mensualidad por cada año que el inquilino haya residido en la vivienda, lo que sea mayor. Esta indemnización se abonará en el momento de la entrega de la vivienda y no será necesaria si la prórroga es obligatoria por ley. La venta de la vivienda no exime al nuevo propietario de asumir el pago de la indemnización.
Existen excepciones a la obligación de indemnizar, como la necesidad de uso de la vivienda para el propietario o un familiar de primer o segundo grado, o en caso de divorcio. Tampoco será obligatoria la indemnización si el inquilino no ha habitado la vivienda durante al menos seis meses en el año anterior a la notificación, salvo causa justificada. El texto del decreto ley, que se retrasó su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para asegurar que la última norma publicada sea la que prevalezca, modifica la Ley de Arrendamientos Urbanos y convierte los alquileres en indefinidos, frente a la prórroga hasta 2028 que dictaba el decreto anterior.
La convalidación del decreto ley en el Congreso no está asegurada, con el apoyo de Junts aún en el aire.
Nuestra lectura es que el gobierno busca fortalecer la seguridad de los inquilinos a través de una indemnización significativa en caso de no renovación, lo que podría limitar la capacidad de los propietarios para recuperar sus propiedades. Consideramos que la extensión indefinida de los contratos, combinada con la indemnización, representa un cambio sustancial en la legislación de alquileres. La demora en la publicación en el BOE sugiere una estrategia para asegurar la primacía de esta nueva norma.
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