Los sindicatos CCOO y UGT han convocado una huelga general para el 11 de noviembre, motivada inicialmente por la situación de la vivienda y la no convalidación de los decretos-ley del Gobierno en esta materia. La convocatoria, que surgió como una demanda del Sindicato de Inquilinas, se enfrenta a la posibilidad de un bajo seguimiento, generando temor entre los líderes sindicales, quienes la califican de "atípica" y "no clásica".
La huelga se produce en vísperas del inicio de la campaña electoral del 29N, lo que añade complejidad al panorama. Los sindicatos anticipan manifestaciones masivas y buscan detener la actividad económica, pero prevén un respaldo "asimétrico" en función del impacto de la crisis de la vivienda y del conflicto ya en marcha. Según sondeos, alrededor del 22,5% de los trabajadores ocupados considera secundar la huelga.
La vicepresidenta Yolanda Díaz ha animado públicamente a participar en la huelga, defendiendo su carácter político, mientras que el PSOE la ha vinculado al bloqueo de los decretos. La oposición y la CEOE han criticado la convocatoria y han pedido su suspensión, especialmente tras el accidente de Urda. Los sindicatos advierten que los participantes verán descuentos en su nómina por las horas de paro, y que si el seguimiento es bajo, podrían centrarse en manifestaciones vespertinas en lugar de un paro masivo.
Las fuentes divergen en cuanto a la percepción de la huelga. Los medios de izquierda enfatizan la defensa de la vivienda y la lucha por los derechos laborales, mientras que los medios de derecha cuestionan su carácter político y su posible impacto en la economía. No obstante, ambas perspectivas coinciden en que esta huelga general es diferente a las anteriores celebradas en el siglo XXI.
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