El Tribunal Supremo ha anulado el Real Decreto 905/2025, que endurecía los criterios para la creación de universidades en España, al considerar que el Gobierno no justificó adecuadamente la tramitación urgente de la norma. La Sala de lo Contencioso-Administrativo estima el recurso presentado por la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, alegando que la omisión del trámite de consulta pública carecía de amparo legal. El decreto, que establecía requisitos como un mínimo de 4.500 estudiantes y plazas de alojamiento para el 10% de los alumnos, fue recurrido también por otros gobiernos autonómicos, grupos universitarios y universidades extranjeras con sede en España.
El Supremo no ha entrado a debatir el fondo de la norma, sino la forma en que se aprobó. El Gobierno argumentó la urgencia para proteger la seguridad jurídica y evitar la proliferación de universidades privadas, pero el tribunal considera que no se acreditaron circunstancias extraordinarias que justificaran la omisión de la consulta pública. El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha anunciado que trabajará en una nueva norma para restaurar el decreto, defendiendo la necesidad de regular el crecimiento del sistema universitario y garantizar su calidad.
El debate sobre la tramitación urgente del decreto ha surgido en un contexto de creciente preocupación por la proliferación de universidades privadas y la calidad de la educación superior en España. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado que la universidad pública está bajo asedio y que la proliferación de universidades privadas daña la igualdad de oportunidades. Mientras tanto, algunos sectores privados argumentan que el decreto limitaba la oferta educativa y la libertad de emprendimiento.
Leer la cobertura original
💬 Comentarios
📜 Política de comentarios