El Gobierno español planea prorrogar los contratos de alquiler hasta finales de 2028 y suspender los desahucios para personas vulnerables, aunque con condiciones. El borrador del decreto de vivienda, aún en negociación con Sumar y otros grupos parlamentarios, permitirá solicitar una prórroga de hasta dos años de los contratos que finalicen antes del 31 de diciembre de 2028, siempre que el inquilino esté al corriente de pago. La suspensión de desahucios se aplicaría a personas vulnerables sin alternativa habitacional, pero solo si el propietario es una empresa o persona física con tres o más viviendas. Las administraciones públicas deberán cubrir los impagos de alquiler en estos casos, o los gastos acordados con el propietario. Además, se plantea ampliar las deducciones en el IRPF para propietarios que rebajen el precio del alquiler y para inquilinos en zonas tensionadas, elevando la base imponible hasta 33.000 euros. También se contemplan créditos del ICO a interés cero para jóvenes que accedan a la vivienda. La negociación se centra en la inclusión de la prohibición de compra de vivienda para fondos buitre y en los contratos de alquiler indefinidos, con Sumar insistiendo en que se recojan las demandas del Sindicato de Inquilinas. El decreto también regularía el alquiler de temporada, imponiendo un IVA del 21% a las viviendas turísticas.
El borrador incluye medidas solicitadas por Junts, como la recuperación de cuentas de ahorro para la primera vivienda y la compensación económica a pequeños propietarios en caso de suspensión de desahucios. En cuanto a las deducciones fiscales, los propietarios podrían reducir hasta el 100% de los ingresos por alquileres si rebajan más de un 5% el precio, o si firman un acuerdo con un nuevo inquilino con una renta inferior al índice de referencia del Ministerio de Vivienda. Las deducciones para alquileres a jóvenes de hasta 35 años también se ampliarían.
La aprobación del decreto está prevista para este martes en Consejo de Ministros, aunque Sumar advierte que el acuerdo “todavía no está cerca” y exige que se incluyan todas las demandas del Sindicato de Inquilinas. La prórroga de los contratos de alquiler se aplicaría a aquellos vigentes al momento de la entrada en vigor del decreto, siempre que se hayan pagado mensualmente durante los ocho meses anteriores.
Nuestra lectura es que el gobierno busca estabilizar el mercado de alquiler mediante una combinación de extensiones contractuales y protección para inquilinos vulnerables, aunque con límites claros en cuanto a quiénes son considerados vulnerables y quién asume los costes. Parece haber una estrategia de negociación compleja, intentando satisfacer a diversos grupos parlamentarios como Sumar y Junts, lo que complica el acuerdo final. La insistencia de Sumar en demandas más amplias sugiere una posible tensión dentro de la coalición gobernante.
Leer la cobertura original
💬 Comentarios
📜 Política de comentarios