El Gobierno español ha aprobado dos reales decretos ley que introducen medidas en materia de vivienda, incluyendo la suspensión de desahucios para personas vulnerables hasta finales de 2030 y la prórroga de los contratos de alquiler. Las medidas buscan regular el mercado de la vivienda y proteger a los inquilinos, pero han generado debate sobre su impacto en propietarios e inversores.
El primer decreto ley contempla la prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler hasta el 31 de diciembre de 2028, permitiendo su renovación automática durante dos años si el inquilino está al corriente de pago. También amplía hasta el 31 de diciembre de 2030 la protección frente a los desahucios para familias vulnerables sin alternativa habitacional, una medida que ya se había aprobado durante la pandemia y se había ido extendiendo. Además, restringe la compra de viviendas por parte de fondos de inversión, denominados por algunos medios como “fondos buitre”. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha calificado a Urbagestión, la empresa propietaria del piso de Maricarmen Abascal, como una “pyme buitre y carroñera”.
El segundo decreto ley introduce la renovación automática de los contratos de alquiler, una de las principales demandas del Sindicato de Inquilinas, aunque su separación del primer decreto ha sido criticada por el sindicato, que teme que se trate de una medida cosmética. El Gobierno justifica la división de los decretos por la falta de tiempo para negociar esta última incorporación con todos los grupos parlamentarios.
Las medidas también incluyen limitaciones a la actualización de las rentas, que no podrán superar el 2% hasta 2028, y una mayor regulación de los alquileres de temporada y los pisos turísticos, que pagarán un 10% de IVA. Se prevé una modificación de la fiscalidad de las socimis, con un gravamen de hasta el 25% de los beneficios no distribuidos, favoreciendo a aquellas que destinen las viviendas a alquiler asequible.
Las reacciones a los decretos han sido diversas. Mientras que el Sindicato de Inquilinas ha criticado el troceo de las medidas, algunos medios de comunicación de derechas señalan que las medidas suponen un “secuestro” de los alquileres y perjudican a los propietarios. El Gobierno busca la convalidación de ambos textos en el Congreso a través de un pleno extraordinario este viernes.
Nuestra lectura es que el gobierno está intentando responder a la presión social y política sobre la vivienda, particularmente a raíz de casos como el de Maricarmen Abascal. Las medidas parecen dirigidas a proteger a los inquilinos vulnerables y regular el mercado, aunque esto se hace a costa de generar controversia con propietarios e inversores, quienes ven estas acciones como una intervención excesiva. La división de los decretos sugiere una estrategia para avanzar rápidamente, incluso si eso significa comprometer la unidad de las medidas y enfrentar críticas de algunos sectores.
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