El Congreso, a través de la Diputación Permanente, ha validado un decreto que prohíbe los desahucios de familias vulnerables hasta 2030 y regula los alquileres turísticos, pero ha rechazado la prórroga indefinida de los contratos de alquiler. La validación del decreto se produjo con los votos a favor de PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, PNV, Podemos y BNG, mientras que PP, Vox y Junts votaron en contra. Este decreto, similar al que fue derogado en septiembre, incluye medidas como la protección anti-desahucios hasta el 31 de diciembre de 2030, la posibilidad de prórrogas extraordinarias del contrato de alquiler hasta 2028 bajo ciertas condiciones, y la prohibición de actualizar las rentas si superan el precio de referencia establecido por el Ministerio de Vivienda. A los grandes tenedores y fondos buitre también se les impide adquirir viviendas por debajo del 70% de su valor de tasación.
Sin embargo, el decreto que establecía la duración indefinida de los contratos de alquiler, excepto en casos de necesidad del propietario, fue rechazado por la Diputación Permanente con el voto en contra del PNV, sumándose a la oposición del PP, Vox y Junts. Esta decisión se produce tras la convocatoria de elecciones generales, después de que el decreto original fuera derogado en septiembre en sesión plenaria. Marlaska, el Ministro del Interior, ha ordenado una investigación sobre las cargas policiales en las manifestaciones por la vivienda, solicitando que no se utilice gas lacrimógeno, tras las críticas de Rufián, quien instó a que el PSOE no quede exento de responsabilidad. Frente Amplio y Podemos han exigido la destitución del Ministro del Interior en relación con estos incidentes.
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