David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ha recurrido la sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz que lo condena a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa relacionado con su contratación en la Diputación de Badajoz en 2017. Su defensa argumenta que la condena se basa en su parentesco con el presidente y que la investigación fue “prospectiva”, sin pruebas concretas de su participación en irregularidades. El recurso, presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, sostiene que se vulneraron sus derechos fundamentales, incluyendo la presunción de inocencia y la tutela judicial efectiva.
La defensa alega que la investigación se inició a raíz de una denuncia de Manos Limpias, basada en información periodística que cuestionaba las funciones y la dedicación laboral de Sánchez, así como su residencia fiscal en Portugal. Se argumenta que el tribunal condenó a Sánchez por un “delito de despacho”, sin acreditar influencia alguna en la creación de la plaza que ocupaba. La defensa subraya que fue absuelto del delito de tráfico de influencias, el núcleo original de la investigación.
Según el recurso, la sentencia se fundamenta en la condición de “familiar” del presidente, sugiriendo un prejuicio que no se sustenta en pruebas. El abogado de Sánchez, Emilio Cortés, critica el “sesgo tendencioso” de la denuncia de Manos Limpias y la falta de pruebas de absentismo laboral durante los siete años que su cliente ocupó el cargo. La Diputación de Badajoz no solicitará el reintegro de los 427.000 euros percibidos por Sánchez y otro acusado.
Cobertura de izquierda y centro destaca la denuncia de una investigación motivada por el parentesco del acusado, mientras que cobertura de derecha enfatiza la denuncia original de Manos Limpias y la creación de un puesto de trabajo “ad hoc” para Sánchez.
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