Una asociación de descendientes de españoles, el Centro de Descendientes de Españoles Unidos (CeDEU), se ha personado ante el Tribunal Supremo para impugnar la suspensión del derecho al voto de más de 163.000 españoles residentes en el extranjero que obtuvieron la nacionalidad a través de la conocida como ‘ley de nietos’. La medida, que suspendió cautelarmente el derecho al sufragio, afecta a quienes se inscribieron en el Censo de Residentes Ausentes (CERA), pero no a los nacionalizados por esta vía que residen en España. CeDEU argumenta que la suspensión constituye una discriminación en comparación con otros colectivos, como los sefardíes, los brigadistas internacionales y otros nacionalizados por la misma ley pero con residencia en España, y que vulnera derechos fundamentales. El Supremo había dado un plazo de cinco días a los afectados para presentar alegaciones, tras lo cual mantuvo la suspensión, alegando el riesgo de irregularidades en el censo electoral.
La asociación, a través de su letrado Eduardo Ranz, defiende que la Constitución, la Ley Electoral y el Estatuto de ciudadanía española en el exterior garantizan el derecho al voto a todos los españoles en igualdad de condiciones. Además de presentar alegaciones ante el Supremo, CeDEU ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, solicitando una intervención urgente. Se ha señalado la paradoja de que algunos ciudadanos pudieron votar en las elecciones generales de 2023, pero no podrán hacerlo en las próximas elecciones del 29 de noviembre. El Tribunal Constitucional ha considerado prematuro intervenir en este asunto. La decisión del Supremo se mantiene a pesar de que algunos de los afectados ya habían ejercido su derecho al voto en comicios anteriores.
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