El PSOE y Sumar han llegado a un acuerdo para aprobar dos decretos de vivienda que incluyen la ampliación de la protección contra desahucios hasta 2030 y la prórroga de los contratos de alquiler en vigor por dos años, hasta el 31 de diciembre de 2028. Los decretos también establecen una renovación automática de los alquileres, tal y como exigía Sumar, y prohíben a los fondos buitre comprar vivienda hasta 2028, definiéndolos por su forma de compra y no por su naturaleza jurídica. La regulación del alquiler de temporada y de habitaciones también se incluye, aunque este último punto fue una de las mayores discrepancias entre los socios de gobierno. El Gobierno ha solicitado la celebración de un pleno extraordinario en el Congreso este mismo viernes para convalidar ambos textos, respondiendo así al clamor social tras el desahucio de una mujer de 87 años que llevaba 70 años pagando su alquiler.
Según datos del Consejo General del Poder Judicial, el número de desahucios ha disminuido de un promedio de 17.800 trimestrales entre 2014 y 2017 a 6.300 en el primer trimestre de 2024, alcanzando un mínimo histórico de 4.005 en el primer trimestre de 2026. Este descenso, sin embargo, no ha impedido la indignación social generada por casos como el de Maricarmen, que ha puesto de manifiesto la tensión entre el derecho a la vivienda y el derecho a la propiedad.
La definición de fondo buitre se basa en la forma de comprar vivienda, vetando la compra por debajo del mercado o en paquetes con fines puramente especulativos. Además, se regularán los alquileres de temporada y de habitaciones, un punto que generó debate debido a la preocupación del PSOE por los posibles efectos en colectivos vulnerables.
Nuestra lectura es que este acuerdo representa un intento de responder a la presión social generada por casos de desahucio, como el de Maricarmen, al tiempo que se busca una solución legislativa a largo plazo para la protección de los inquilinos. Parece que Sumar ha logrado imponer algunas de sus demandas clave, como la renovación automática de los alquileres, aunque con concesiones en áreas como la regulación del alquiler de temporada y habitaciones. La definición de “fondo buitre” parece ser un intento de abordar la especulación inmobiliaria sin entrar en debates sobre la naturaleza jurídica de las empresas.
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