Un juez federal ha rechazado una solicitud de la administración Trump para ordenar a los funcionarios electorales de California que aparten aproximadamente 20,000 boletas vinculadas a personas señaladas como potencialmente no ciudadanos estadounidenses. El juez de distrito de EE. UU. David Carter, nominado por Bill Clinton, dictaminó el miércoles que el intento del Departamento de Justicia de coaccionar a California para que abandonara sus procedimientos electorales era inconstitucional. El Departamento de Justicia entregó inicialmente una lista de nombres a los funcionarios electorales de Los Ángeles y Sacramento, alegando que eran no ciudadanos registrados para votar, y amenazó con demandar si las boletas no eran segregadas y verificadas.
El juez Carter consideró que la metodología del Departamento de Justicia para crear la lista era "vaga" y carecía de credibilidad, lo que planteó preocupaciones sobre la posible privación del derecho al voto de votantes legales. Los funcionarios de Los Ángeles encontraron indicadores preliminares de que la lista contenía imprecisiones, incluyendo votantes que no figuraban en los padrones e información insuficiente para verificar la ciudadanía. El Departamento de Justicia también había intentado eludir a Carter apelando al Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, pero perdió ese esfuerzo en un fallo de 2 a 1.
La disputa se originó a partir de un anuncio de julio del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que identificaba hasta 190,000 votantes potencialmente no ciudadanos en los padrones de California. Posteriormente, el Departamento de Justicia demandó a California el 15 de octubre, buscando obligar al estado a secuestrar las boletas. Sam Trepel, ex fiscal del Departamento de Justicia, escribió este mes que cualquier intento de procesar a los funcionarios electorales por tabular boletas de no ciudadanos carecería de base legal. Tras presentar la demanda, la administración amplió sus esfuerzos a otros condados, pero los funcionarios electorales encontraron problemas similares con esas listas.
Expertos legales han sido escépticos sobre los esfuerzos del Departamento de Justicia desde el principio, y el juez Carter afirmó que el caso se refería al "derecho de cada ciudadano estadounidense a votar en una elección libre y justa". Argumentó además que el intento del gobierno federal de dictar los procedimientos electorales infringía la soberanía de California. El esfuerzo de la administración por ejercer un mayor control federal sobre la administración electoral ocurre justo antes de las elecciones legislativas del 3 de noviembre.
Antecedentes
• El Departamento de Seguridad Nacional anunció en julio que hasta 190,000 votantes potencialmente no ciudadanos estaban en los padrones de California [Fact Refinery, 2026-10-28].
• El 15 de octubre, el Departamento de Justicia demandó a California, buscando obligar al estado a secuestrar las boletas vinculadas a personas señaladas como potencialmente no ciudadanos estadounidenses [Fact Refinery, 2026-10-28].
• James Comey, ex director del FBI, ha sido objeto de múltiples investigaciones criminales iniciadas por la administración actual, incluyendo acusaciones de filtrar información clasificada y mentir al Congreso [Fact Refinery, 2026-10-27].
• La Primera Enmienda de la Constitución de EE. UU. protege la libertad de expresión y de prensa, aunque el alcance preciso de estas protecciones suele estar sujeto a interpretación legal [background knowledge].
Nuestra lectura es que el intento del Departamento de Justicia de obligar a California a segregar las boletas fue un esfuerzo demostrablemente fallido para ejercer el control federal sobre los procedimientos electorales estatales. El fallo del juez, junto con el rechazo previo del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, sugiere una fuerte oposición legal a esta intervención. El hallazgo de que la lista de potenciales no ciudadanos era "vaga" y contenía imprecisiones socava aún más la justificación de la administración para la solicitud, indicando una falta de evidencia creíble.
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