El Partido Conservador se ha comprometido a prohibir el acceso a la vivienda social a los nacionales extranjeros, una medida que afirman que liberaría alrededor de 230.000 hogares. El plan implica cancelar los arrendamientos para los nacionales no pertenecientes a la UE que actualmente viven en viviendas sociales y bloquear a todos los ciudadanos extranjeros para que puedan celebrar nuevos contratos de alquiler. Ninguna fuente de derechas más allá del Daily Mail informó sobre esta noticia. La propuesta tiene como objetivo priorizar a los ciudadanos británicos para los limitados recursos de vivienda social. Esta medida se produce cuando el partido busca abordar las preocupaciones sobre la disponibilidad de viviendas y los niveles de inmigración. Actualmente no está claro cómo afectará esta política a los inquilinos existentes o al sistema más amplio de vivienda social.
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