El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó el martes un proyecto de ley que prohíbe el uso de guantes de descarga eléctrica por parte de las fuerzas del orden, incluido el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), con efecto a partir de 2027. La prohibición se produce tras la reciente compra por parte de ICE de aproximadamente 6,000 pares de guantes por 16.7 millones de dólares, los cuales han sido criticados por grupos de derechos humanos como potencialmente abusivos. La ley también incluye un impuesto del 25 por ciento a las empresas que operan centros de detención de inmigrantes y amplía la supervisión de dichos centros. ICE ha prometido ignorar la prohibición, citando la Cláusula de Supremacía de la Constitución de los EE. UU.
La legislación, AB 2760, funciona como una moratoria, exigiendo que el Departamento de Justicia del estado estudie la seguridad de los guantes e informe los hallazgos a los legisladores para 2029, tras lo cual la restricción expira en 2030. La asambleísta LaShae Sharp-Collins, autora del proyecto, citó el pedido de ICE como un catalizador para la legislación, así como una demanda en Kentucky que alega que un hombre murió tras recibir repetidas descargas con los guantes y un taser. Los guantes han sido objeto de múltiples demandas que alegan uso excesivo de la fuerza.
Los grupos de seguridad de California se opusieron mayoritariamente a la prohibición. El sheriff del condado de Sacramento, Jim Cooper, argumentó que los guantes ofrecen una alternativa menos violenta que las porras o los golpes, y que la prohibición obstaculizaría a sus agentes. Su departamento compró 10 pares por unos 35,000 dólares para fines de entrenamiento, pero nunca los desplegó en el campo. Compliant Technologies, el fabricante, atribuyó la prohibición a un "sesgo político" y a una falta de comprensión del producto.
El Departamento de Seguridad Nacional emitió un comunicado calificando la prohibición de "despreciable" y un intento deliberado de poner en peligro a los agentes, prometiendo desafiarla. Se espera que la impugnación legal de la prohibición se centre en la Cláusula de Supremacía, que establece que la ley federal es suprema sobre la ley estatal.
Dónde difieren
• Latin Times detalló el cronograma de la prohibición, señalando que comienza en 2027 y expira en 2030, mientras que Mother Jones no especificó la fecha de finalización.
• Latin Times informó que el rango de gasto inicial para el contrato de ICE fue de 10 a 20 millones de dólares, mientras que Mother Jones solo informó la cifra final de 16.7 millones de dólares.
• Mother Jones destacó la demanda por muerte injusta en detalle, incluyendo el número de descargas administradas, mientras que Latin Times solo mencionó el caso de manera general.
Nuestra lectura es que California está promulgando una legislación que desafía directamente la autoridad federal, específicamente en relación con la aplicación de las leyes de inmigración, y anticipa una confrontación legal. El estado parece dispuesto a legislar en áreas tradicionalmente reservadas para la jurisdicción federal, incluso reconociendo la posibilidad de impugnaciones legales basadas en la Cláusula de Supremacía. La afirmación del fabricante sobre el "sesgo político" y la caracterización de "despreciable" del Departamento de Seguridad Nacional sugieren un alto grado de animosidad y una falta de compromiso.
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