Veinticinco estados de EE. UU. han presentado una demanda impugnando los aranceles globales recientemente impuestos por la administración Trump sobre bienes procedentes de aproximadamente 60 socios comerciales. Los aranceles, que entraron en vigor el mes pasado, se están impugnando como un exceso de la autoridad presidencial para gravar las importaciones, reflejando argumentos presentados en desafíos legales anteriores. Los estados argumentan que estos nuevos aranceles reemplazan ilegalmente los derechos previamente anulados por los tribunales.
Estados Unidos impuso los aranceles de dos dígitos citando preocupaciones sobre prácticas laborales forzadas en bienes importados. Según la oficina del fiscal general de Oregon, Dan Rayfield, la demanda fue presentada por un grupo de estados dirigidos por demócratas. Desafíos similares también han sido presentados por pequeñas empresas que buscan bloquear los gravámenes.
Si bien ningún medio de comunicación de derecha informó sobre la demanda en sí, Newsmax señaló que el desafío legal provenía de estados dirigidos por demócratas. Las fuentes de izquierda y centro-izquierda enfatizan el argumento legal contra los aranceles –específicamente, que exceden la autoridad presidencial– al tiempo que encuadran la acción de la administración como una continuación de políticas arancelarias controvertidas del pasado. Ninguna fuente disputa el hecho de que se haya presentado la demanda o la base de sus afirmaciones.
El caso está actualmente ante el Tribunal de Comercio Internacional de EE. UU. en Nueva York, dejando sin resolver cómo decidirá el tribunal sobre la legalidad de estos aranceles y si permanecerán vigentes.
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