El Tribunal Constitucional de España ha aprobado, con siete votos a favor y cinco en contra, una sentencia que ampara a la exconsejera catalana Dolors Bassa por vulneración de derechos fundamentales en la denegación de la aplicación de la amnistía. Esta decisión ha llevado al Tribunal Supremo a levantar la orden de detención nacional sobre Carles Puigdemont, permitiéndole regresar a España después de nueve años en el exilio. La medida también afecta a Antoni Comín y Lluís Puig. El magistrado Pablo Llarena, instructor del ‘procés’, ha revisado las medidas cautelares impuestas a Puigdemont, aunque ha aclarado que esta decisión no implica la aplicación automática de la amnistía ni la extinción de la responsabilidad penal.
La sentencia de Bassa es la primera en ser votada por el Tribunal Constitucional tras la retirada de la ponencia del magistrado José María Macías sobre el caso de Jordi Turull, asumiendo Cándido Conde-Pumpido la nueva ponencia. El pleno del Tribunal Constitucional ha decidido que la amnistía debe abarcar también el delito de malversación atribuido a los líderes políticos del ‘procés’ condenados en 2019.
Las reacciones políticas no se han hecho esperar. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado la amnistía, mientras que la Generalitat la defiende como el inicio de una etapa de normalidad en Cataluña. El expresidente catalán, Pere Aragonès, ha celebrado la decisión y ha emplazado a la sociedad civil a continuar trabajando hacia la independencia. Junts per Catalunya ha recordado que la amnistía no es un “perdón”, sino “justicia”. La CUP ha pedido situar el objetivo de la independencia en el centro del debate político.
Aunque el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) consideran que la ley de amnistía es legal y aplicable, la decisión del Tribunal Supremo de no aplicarla inicialmente al delito de malversación generó controversia. La revisión de las medidas cautelares por parte de Llarena se produce tras la sentencia del Tribunal Constitucional y con el objetivo de evitar una posible detención de Puigdemont si regresaba a España.
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